Jessy Rodríguez vivió con su marido 18 años. Eran una familia acomodada, con una pequeña aunque rentable empresa gestionada por el matrimonio. Una noche el marido le propinó una brutal paliza por un ataque de celos. Jessy, según el marido, había pasado demasiado tiempo hablando con un cliente. El marido la golpeó con una botella y la mujer terminó en el hospital con graves heridas en la cabeza. Estuvo a punto de perder la vida. Ese fue un punto de inflexión. “Cuando recuperé la consciencia me di cuenta de que tenía que salir de allí o iba a morir. Hasta entonces había vivido bajo una amenaza constante, anulada y con miedo”En todo el mundo, según Naciones Unidas, una de cada tres mujeres será objeto de violencia física o sexual en algún momento de su vida. La mayoría ejercida por sus compañeros y excompañeros.

En América Latina y el Caribe, según un estudio publicado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), la prevalencia es elevada, aunque varía según el país. En Bolivia, un 52% de las mujeres afirmó haber sufrido violencia alguna vez en su vida; en Colombia, un 39%; en Nicaragua un 27%; en Guatemala un 25% y en El Salvador un 24%, por citar algunos países.

El feminicido es la formamás extrema de violencia machista

Violación, violencia doméstica, agresión, abusos, intimidación, acoso en el trabajo y en Internet… Las formas de violencia ejercidas contra la mujer son múltiples y variadas y, en numerosas ocasiones, no se denuncian por miedo a represalias o por la desconfianza en unos sistemas de justicia penal que, en general, no incluyen la prevención de la violencia de género entre sus prioridades.

Según Judith Cossú de Herrera, magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia de Panamá, “estamos muy lejos de alcanzar la meta de erradicar o disminuir la violencia contra las mujeres, o de contar con una certera defensa en materia de violencia de género”. En su opinión, los planes y políticas puestas en marcha hasta ahora incluyen acciones que hasta ahora “han quedado en la letra o en el discurso, por cuanto han sido aplicadas de manera parcial o con una cobertura muy reducida”, al menos en el caso de Panamá.

Más tajante se muestra María Roquebert, abogada y ex ministra de Desarrollo Social en la época de Martín Torrijos, para quien “no estamos haciendo lo necesario como sociedad para enfrentar la violencia de género, menos aún el feminicidio como expresión extrema de esta violencia”.

El feminicidio es la forma más extrema de violencia machista. El asesinato de una mujer por el hecho de serlo alcanza cotas dramáticas en nuestra región. Según la Secretaría de la Declaración de Ginebra, 15 de los 25 países con mayores tasas de feminicidio están en América Latina y Caribe. En Centroamérica, únicamente Costa Rica y Nicaragua no aparecen en una lista que encabeza El Salvador con 17 crímenes por cada 100,000 mujeres, seguido de Honduras con 14 feminicidios. Guatemala ocupa el cuarto puesto, Belice, el octavo y Panamá, el decimonoveno. También están entre los 20 más violentos otros como, Guyana, Venezuela, Colombia, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, México o Surinam.

Roquebert advierte de la complejidad del problema y señala alguna de las causas: “una educación sexista que reproduce el machismo; indiferencia social; explotación de la imagen de niñas y mujeres en los medios de comunicación; fracaso de las políticas públicas de seguridad ciudadana y un muy deficiente acceso a la justicia”.

Jessy decidió denunciar hace veinte años las agresiones ante las autoridades. Algunos miembros de su familia y amigos trataron de quitarle la idea de la cabeza “me decían que él no era malo, que solo había tomado demasiado, o que me quedaría en la calle si él no me mantenía, pero yo ya no podía aguantar más”. Gracias a su madre y sus hermanas pudo salir adelante. Después de varios juicios, su ex marido sólo fue condenado a nueve meses de prisión.

La situación, sin embargo, ha mejorado en materia legislativa, y en la mayoría de los países se reconoce y sanciona con elevadas penas el feminicidio. Según Eugenia Piza, directora del Área de Género de Centro Regional del Programa de las Naciones unidas para América Latina y Caribe “la respuesta de los estados es ahora más contundente en prevención y atención de la violencia”.

denuncia pública

Kimberly Bautista es una joven estadounidense de padre colombiano. Activista y comprometida con los derechos humanos, es la directora del documental Justicia para mi hermana, que muestra los esfuerzos de Rebeca Eunice Pérez por lograr que se hiciera justicia por la muerte de su hermana, Adela Chacón Tax, una guatemalteca de 27 años y madre de tres niños que fue asesinada a golpes en julio del 2007 por su ex pareja. Nada podía hacer pensar a la joven directora que, poco antes de terminar la grabación, ella misma sufriría en sus carnes un dramático episodio de violencia sexual.

Kimberly y unos amigos estaban en su casa cuando un grupo de hombres encapuchados y con armas, entró por la fuerza. Golpearon y amordazaron a los chicos y violaron a Kimberly y a otra de sus amigas. También robaron todo su equipo de filmación.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala el año pasado se reportaron 7.406 casos de violaciones, y 47 de cada 100.000 mujeres son víctimas de violencia sexual, según las estadísticas del informe del Grupo de Apoyo Mutuo. En los países vecinos la situación no es muy diferente. En Costa Rica se registraron tres violaciones diarias en 2014 según el Organismo de Investigación Judicial de ese país; el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reportó 2.370 violaciones ese mismo año; en El Salvador la cifra ascendió a 944 casos según cifras del Ministerio de Salud; mientras que el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, registró 1.200 violaciones en 2013.

“No sé si vinieron porque sabían quien era y el documental que estaba haciendo o porque simplemente vieron gente en la casa. Nunca se aclaró quienes fueron los responsables ni se hizo justicia. No poder acceder a la justicia es muy frustrante, pero una acaba entendiendo que cuando pasan hechos de este tipo, es probable que no se vaya a hacer nada al respecto”, reconoce Kimberly.

Los índices de impunidad son alarmantes. En Guatemala, según datos oficiales recopilados por el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia (CIPREVI), menos del 10% de los todos casos que llegan a la justicia son juzgados y condenados. En Honduras, la impunidad alcanza cotas del 88% y en El Salvador del 85%.

Tras la recuperación física llega la recuperación emocional. No fue un proceso sencillo. Kimberly dejó incluso de trabajar en el documental durante cuatro meses “porque era muy doloroso editar en ese momento. No podía”. En ese período consiguió un trabajo en un programa de televisión, pero tuvo que dejarlo porque “tenía un jefe que era un agresor y un abusador. Hablaba de mis pechos y llegó a proponerme acostarme con él a cambio de un nuevo puesto. Podría haberle denunciado pero decidí no hacerlo porque llevaba la carga del caso anterior que era mi prioridad”.

“Solo un 39% de los países de la región aborda la reparación de los derechos de las víctimas y/o sus hijas e hijos” afirma Piza. “Casi todos los países –continúa- impulsan medidas para modificar los estereotipos de género y han avanzado en la creación de servicios específicos de atención a víctimas en justicia, seguridad, sanidad y servicios sociales, no sin dificultades”.

Un estigmasocial

La violencia contra la mujer es algo tan estigmatizado que muchas veces las agredidas no hablan, se sienten culpables, y así se perpetúa el ciclo de la violencia. “Pero cuando alguien rompe el silencio da ánimo a otras personas para hablar ,y se inicia un proceso de movilización y es algo que puede empoderar a toda una comunidad”, afirma Kimberly.

El caso de esta cineasta es atípico. La mayor parte de los episodios de violencia se dan en grupos marginales. En este sentido, María Roquebert reconoce que la violencia de género parece “democrática” porque afecta a todos los niveles sociales, pero que sus consecuencias son “terriblemente discriminatorias”. “La mayoría de los feminicidios –dice- son contra mujeres de barrios humildes que no tuvieron la respuesta y la protección institucional necesarias para preservar sus vidas. Respuestas que tampoco tendrán sus hijos e hijas para superar las secuelas de esa violencia”.

Uno de esos grupos es el de las prostitutas. Ellas están más expuestas que nadie a las agresiones que, según denuncian, les llegan tanto de los clientes como de la propia policía. En Panamá, existe un acuerdo de colaboración y promoción de derechos humanos firmado entre el colectivo Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá, que defiende a las trabajadoras sexuales, y la Policía Nacional, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y organismos de Naciones Unidas en Panamá vinculados al tema.

La asociación de mujeres que preside Gladys Murillo, sin embargo, denuncia abusos policiales y agresiones constantes, así como la falta de voluntad política del Gobierno para legislar en favor de este colectivo. “No solo somos trabajadoras sexuales, somos madres, somos hermanas, somos amigas, somos profesionales, somos emprendedoras, pero sobre todo somos mujeres con dignidad”, dice Murillo.

Una situación generada principalmente por la ausencia de normas para implementar la educación integral en sexualidad y salud sexual y reproductiva. Un problema que se replica en muchos otros países de la región.

hay ley pero no se aplica

La principal reivindicación de los grupos de mujeres que luchan contra la violencia de género en Panamá es la reglamentación de la Ley 82 de 24 de 2013. Para la magistrada Cossú “esta Ley sigue desarticulada y limitada, lo que no permite garantizar y proteger los derechos de las mujeres de manera eficiente”. Para la magistrada, lo más importante es “asignar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para hacer efectivas las medidas de prevención y protección a la víctima”.

María Roquebert coincide en que “lo primero que se necesita es voluntad política para frenar el problema, y esa voluntad se tiene que traducir en presupuesto. Con 25 feminicidios en lo que va de año, algo tan sencillo como usar dispositivos electrónicos como medida de protección para mujeres que se atreven a poner la denuncia se viene discutiendo desde hace tres gobiernos y aún no termina de implementarse”.

También desde el PNUD se advierte de la necesidad “de generar una política de estado que dé sostenibilidad a los planes nacionales y que envíe a la sociedad un mensaje de cero tolerancia hacia esta violencia”. Piza sostiene que “para ello se requiere una mayor asignación presupuestaria que permita aplicar la avanzada legislación sobre violencia contra las mujeres y/o de género que existe en nuestra región, además de una mayor voluntad y apoyo político”.

“Hay avances en todos los países, pero son insuficientes. Las meras leyes no bastan, falta más conocimiento, calidad técnica, investigaciones sólidas y visiones que realmente radiografíen la compleja realidad. Esto en Panamá, lamentablemente escasea, por decirlo leve y breve”, denuncia Urania Ungo, reconocida filósofa y feminista panameña.

Foto: Encarni Pindado